Las 7 reglas de oro del buen gobierno corporativo

 

Todos hemos oído hablar en los últimos años del gobierno corporativo y de cómo las buenas prácticas empresariales en esta materia aportan seguridad económica y jurídica y fomentan el crecimiento sostenible de las compañías. ¿Pero en qué consiste exactamente?

 

La definición de gobierno corporativo hace alusión al conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una organización. En concreto, establecen las relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas y el resto de las partes interesadas, y estipulan las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones de la compañía para la generación de valor. El buen gobierno corporativo es la base para el correcto funcionamiento de los mercados ya que favorece la credibilidad, la estabilidad y contribuye a impulsar el crecimiento y la generación de riqueza.

 

Multiplicar las exigencias de transparencia

Los años de la crisis financiera dejaron al descubierto que no se estaban cumpliendo los estándares de buen gobierno en las grandes organizaciones y de cómo esto podía pasar factura al buen funcionamiento de los mercados y por tanto a la estabilidad de la economía internacional en su conjunto.  Esto hizo que las autoridades tomaran cartas en el asunto para establecer las normas básicas que debían regir los gobiernos corporativos de las empresas cotizadas y multiplicar las exigencias de transparencia, veracidad y comportamiento responsable.

Las empresas ya no solo deben prestar atención a los indicadores financieros y a su cuenta de resultados, la sociedad ahora demanda y quiere saber cómo se han logrado esos resultados. Un buen gobierno corporativo tiene que responder ante las expectativas, no solo de los accionistas, sino del resto de grupos de interés como son los clientes, proveedores, empleados y la sociedad en general.

Estas son las reglas de oro del buen gobierno corporativo:

1. Examen de la situación de la empresa. Uno de los elementos del buen gobierno corporativo pasa por el análisis de la situación de la compañía, una práctica fundamental para identificar las áreas susceptibles de mejorar. Permite aumentar la confianza de agentes externos, optimizar la operativa interna, mejorar el rendimiento económico y garantizar que se actúa dentro de la ley.

 

2. Efectividad de los sistemas de control interno. Los miembros del Consejo de Administración deben tomar las medidas necesarias para establecer y mantener el control interno. La Comisión de Auditoría debe supervisar y revisar la efectividad del sistema en su conjunto que debe aportar seguridad acerca de las políticas, procesos, tareas, comportamientos y demás aspectos de una organización que propician su funcionamiento.

 

3. Actuación diligente. Las empresas deben vigilar que el presidente y el consejero delegado cumplen con la normativa vigente y actúan de acuerdo con el interés social. Esto implica ejercer una supervisión sobre las responsabilidades de la dirección de la empresa, así como de la influencia que sus decisiones tienen en inversores, accionistas y stakeholders en general. Incluye políticas corporativas: inversiones, fusiones y adquisiciones, nombramiento de ejecutivos y planes de sucesión.

 

4. Cumplimiento de los objetivos del Consejo. Las sociedades cotizadas tienen la responsabilidad de hacer una evaluación anual sobre el cumplimiento de sus objetivos y elaborar un plan de acción para resolver posibles deficiencias. Se debe hacer un seguimiento y elaborar un plan para subsanar fallos en caso de que existan.

 

5. Política coherente de retribución de consejeros y directivos. Otra de las obligaciones que establece el Código sobre buen gobierno para las sociedades cotizadas es la de elaborar y publicar un informe anual sobre las retribuciones de sus consejeros. Esta remuneración se debe someter a votación y actualizarse, como mínimo, cada tres años. La finalidad es evitar que se impongan a sí mismos sueldos fuera de mercado y garantizar la transparencia frente a grupos de interés y organismos de control externos.

 

6. Apoyo a la creación de estándares internacionales. Debido a la gran diversificación de las empresas en España, se hace necesario la elaboración de estándares que establezcan líneas de actuación comunes, sobre todo en lo referente al mercado global. De hecho, entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) ya se han manifestado acerca de la importancia de crear estos estándares internacionales, con el fin de garantizar políticas que garanticen la competencia en igualdad de condiciones.

 

7. Cumplimiento de los requisitos en fiscalidad. La transparencia en materia de fiscalidad cobra importancia y es imprescindible para prevenir actuaciones ilegales o alegales como la evasión fiscal o la elusión de impuestos.

 

El cumplimiento las 7 reglas anteriores no solo muestra una buena imagen a la sociedad de una compañía, sino que transmite confianza y seguridad al mercado, accionistas e inversores, además de garantizar la sostenibilidad de cualquier proyecto corporativo.

Estas líneas de actuación en España están recogidas en cuatro normas básicas que los miembros de todo gobierno corporativo deben conocer y cumplir:

• La Ley de Sociedades de Capital. Regula el funcionamiento de las sociedades en España. Recientemente, se han introducido algunos cambios, como el refuerzo de la Junta General y el fomento de la participación de los propietarios.

 

• El Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. Incluye 64 recomendaciones de carácter voluntario, que permiten un mejor gobierno interno, transparente y comprometido.

 

• La Ley de Auditorías. En su momento, implicó grandes cambios internos en las funciones organizativas de las empresas, como la rotación externa de las firmas de la auditoría cada 10 años y la creación de un cuerpo de inspectores para vigilar la labor de los auditores. Su finalidad es la de ordenar y fortalecer el mercado de las auditorías.

 

• La Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad. Introdujo cambios relevantes sobre el anterior Decreto e incorporó a la normativa española algunas directivas europeas, como, por ejemplo: modificaciones en la legislación sobre instituciones de inversión colectiva, servicios de pago y de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.